Se desarrolla un gran trabajo con el programa de castraciones gratuitas y masivas en Rìo Gallegos  por parte del Área veterinaria de control animal. Se ha llegado a las barriadas más alejadas facilitando el compromiso de esos vecinos que ven con agrado la iniciativa, lo que permite castrar a sus animales de compañía, acercándolos al castramóvil.

Sin embargo la otra cara del programa, de la que no habla el municipio, son las abultadas multas que les siguen cobrando a los vecinos, particularmente a las voluntarias, desatando una persecución contra quienes velamos por el bienestar de toda la comunidad.

Es así que hay varias voluntarias que deben pagar altas multas por contener animales que fueron rescatados de la situación de calle en la que se encontraban. Estos refugios los fuimos creando cuando el municipio todavía  no atacaba el problema y lo hicimos en la convicción de “colaborar” sin ser conscientes en aquel momento que estábamos siendo “funcionales” a la inacción del municipio.

Por ese motivo pedimos la derogación de la ordenanza 8.426/14, que implica  multas y castigos a los vecinos bajo el lema de la tenencia responsable.

Hoy se ha avanzado, el estado se ha hecho en parte cargo del problema, pero no podemos dejar de denunciar la persecución y el hostigamiento por parte de la municipalidad y que se funda en esta ordenanza que los respalda.
El voluntariado es rehén del municipio, ya que posee más de tres o cuatro animales por vivienda. Nos empujan a elegir entre darle de comer a nuestros animales, pagar la multa o dejarlos nuevamente en la calle.

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Generando el efecto inverso a lo que se pretende. En vez de haber menos, habrá más animales en situación de abandono.

La citada Ordenanza es un castigo para quienes no cuentan con un salario que les permita atender a su mascota de forma integral. Muchos vecinos viven por debajo de la línea de la pobreza.

En resumen estas multas no favorecen a los animales, ya que si muchos vecinos no pueden pagarlas, se generará más abandono y un mayor riesgo de producir accidentes, mordeduras o peleas entre canes.

Reclamamos la derogación de la Ordenanza N° 8.426/14.

Tribuna Ambiental  –  Partido Obrero

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